Guerrero arde y la protección oficial parece un mito de papel. Mientras en las conferencias matutinas se habla de paz, en la Montaña Baja la realidad tiene sonido de ráfagas y explosiones desde el cielo. El grupo narcoparamilitar «Los Ardillos» ha desatado un infierno de seis días que ya dejó un rastro de sangre: tres líderes indígenas asesinados, cuerpos abandonados en carreteras y más de mil personas huyendo por los cerros para salvar la vida.
La resistencia del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) se desmorona ante una tecnología de guerra que el Estado no ha querido frenar. Drones cargados con explosivos llueven sobre Alcozocán, el último refugio de quienes ya lo habían perdido todo en Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán.
Los datos del terror:
Víctimas: José Guadalupe Ahuejote, Víctor Ahuejote y Abraham Jiménez fueron ejecutados. Sus cuerpos aparecieron tirados cerca de Chilapa.
El éxodo: No son 70 personas como dice el gobierno; son más de mil desplazados. Un video desgarrador muestra a mujeres y niños caminando hacia la nada, sin rumbo, huyendo de las bombas.
La traición: Los pobladores denuncian que las fuerzas de seguridad brillan por su ausencia. «El gobierno va a intervenir hasta que Los Ardillos tengan el control completo», sentencian los líderes indígenas.
La indignación crece ante el contraste de las versiones oficiales. Mientras el subsecretario estatal Francisco Rodríguez Cisneros afirma que hay control, los habitantes graban los impactos de armas de alto calibre y aseguran que el funcionario está coludido con los agresores.
«Estamos solos bajo las balas», leyó un refugiado en un video que ya circula como pólvora en redes. La pregunta es obligada: ¿Cuántos muertos más necesita la estrategia de seguridad para que el Ejército entre a la zona de guerra en la que se ha convertido Chilapa?