El «corredor de la muerte» en Estados Unidos está a punto de volverse mucho más gráfico. En un giro que ha dejado fríos a los defensores de derechos humanos, el Departamento de Justicia, bajo la administración de Donald Trump, ha propuesto formalmente recuperar métodos de ejecución que muchos consideraban parte del pasado oscuro del país: pelotones de fusilamiento, electrocución y asfixia con gas.
¿La razón oficial? Un problema de logística. El gobierno admite que conseguir los fármacos para la inyección letal es cada vez más difícil, por lo que el fiscal general interino, Todd Blanche, ha ordenado «simplificar» los procesos. Básicamente, si no hay medicina, habrá balas o gas.
El regreso de la «mano dura» Tras el vacío dejado por la administración Biden —quien conmutó las sentencias de casi 40 reos—, Trump ha pisado el acelerador. Ya se ha autorizado la pena capital para nueve personas y se ha instruido a la Oficina de Prisiones a estar «preparada» con cualquier método constitucionalmente aceptado en estados como Alabama.
Para el Departamento de Justicia, esto es «hacer cumplir la ley y apoyar a las víctimas». Para sus críticos, es un retroceso brutal en la justicia moderna que prioriza la velocidad de la ejecución sobre cualquier debate humanitario. La mesa está puesta para una batalla legal y mediática sin precedentes sobre cómo debe morir un condenado en la era moderna.