Un polémico retorno sacude el panorama político nacional. Rubén Rocha Moya retomó este 21 de agosto sus funciones oficiales como gobernador del estado de Sinaloa, luego de permanecer 112 días separado del cargo mediante una licencia para hacer frente a los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
Durante su separación del puesto, el mandatario fue objeto de investigaciones e indagatorias internacionales que lo vincularon tentativamente con la facción de Los Chapitos, derivado de acusaciones que incluyen conspiración para el tráfico de drogas, cohecho y presunta protección al Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado categóricamente cada una de las imputaciones, calificándolas de motivaciones políticas y sosteniendo que la justicia estadounidense no ha presentado evidencias sólidas.
El gobernador subrayó que a lo largo de estos meses se puso voluntariamente a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Según sus declaraciones, la representación social en México determinó que no existen elementos probatorios ni causales legales que acrediten su participación en hechos ilícitos, lo que le permitió reintegrarse al despacho estatal.
El caso ha derivado en roces diplomáticos entre las administraciones de México y Estados Unidos. Mientras que Washington ha instado a tomar acciones legales contra el funcionario, el Gobierno mexicano sostiene la postura de requerir pruebas fehacientes antes de proceder judicialmente. Al retomar el mando, Rocha Moya ratificó su intención de concluir su mandato constitucional en octubre de 2027, reiterando su alineación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.